Entre 1933 y 1945, los diplomáticos españoles acreditados en los países de la Europa ocupada fueron testigos directos de la persecución nazi a los judíos.  Muchos de ellos fueron encapaces de permanecer impasibles ante el horror y no pudieron dejar de involucrarse en la suerte de unos seres humanos destinados a una aniquilación sistemática.  Las razones de su actuación fueron puramente humanitarias, toda vez que no siempre se vieron apoyados por el Gobierno español.  Angel Sanz Briz y Giorigio Perlasca en Hungría, Bernardo Rolland en París, Julio Palencia y José de Rojas en Bulgaria y en Rumania y José y Carmen Ruiz-Santaella en Berlín fueron algunos de estos funcionarios que no pudieron quedarse al margen de lo que sucedía a su alrededor.